Daño económico al Estado Bolivia: Ley 004 y sus delitos

¿Qué es el daño económico al Estado en Bolivia?

El daño económico al Estado es el perjuicio patrimonial causado a las finanzas públicas, bienes estatales o recursos administrados por entidades del Estado boliviano, como consecuencia de delitos de corrupción cometidos por servidores públicos o particulares. Su tratamiento jurídico se concentra en la Ley N° 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas de 31 de marzo de 2010, ampliada por la Ley N° 1390 de Fortalecimiento de 27 de agosto de 2021. Estas leyes modificaron sustancialmente el Código Penal incorporando o reformando delitos como: peculado (CP art. 142) (5-10 años), malversación (art. 144), cohecho pasivo (art. 145), uso indebido de influencias (art. 146), resoluciones contrarias a la CPE (arts. 150, 153), incumplimiento de deberes (art. 154), concusión (art. 158), conducta antieconómica (art. 224), contratos lesivos al Estado (art. 221), enriquecimiento ilícito (art. 226 bis), enriquecimiento ilícito de particulares (art. 228), uso indebido de bienes y servicios públicos (art. 177). La característica distintiva: conforme al artículo 112 de la CPE y al artículo 29 bis del CPP, los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. Tampoco prescribe la pena (CP art. 105 modif. Ley 004). El secreto bancario no rige (arts. 19-20 Ley 004) y el juicio puede continuar en rebeldía (CPP art. 91 bis).

El daño económico al Estado es probablemente el área del derecho penal boliviano que más ha evolucionado en los últimos quince años. Hasta 2009 los delitos de corrupción prescribían como cualquier otro y los procesos podían diluirse con el tiempo; numerosos casos quedaron impunes por esta vía. La Constitución de 2009 introdujo el principio revolucionario del artículo 112: los delitos contra el patrimonio del Estado son imprescriptibles. La Ley N° 004 de 2010 desarrolló este principio, reformó el Código Penal con delitos nuevos y existentes, creó instituciones especializadas (Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, tribunales anticorrupción, fiscalías especializadas) y articuló un régimen procesal especial con herramientas excepcionales: juicio en rebeldía, recuperación de bienes en el extranjero, levantamiento del secreto bancario, medidas cautelares reales agresivas.

Esta guía desarrolla con rigor el régimen completo del daño económico al Estado: el marco constitucional y legal, los principales delitos de corrupción tipificados en el Código Penal, las características procesales especiales (imprescriptibilidad, juicio en rebeldía, recuperación de bienes), la responsabilidad de la función pública por la Ley N° 1178 SAFCO, las instituciones competentes y las consecuencias prácticas para servidores públicos y particulares vinculados con el Estado. Para el régimen general de prescripción y las excepciones, puede revisarse la guía sobre prescripción penal en Bolivia. Para el procedimiento de denuncia, la guía sobre denuncia penal en Bolivia.

Marco constitucional y legal del daño económico al Estado en Bolivia

El régimen de protección del patrimonio del Estado boliviano se construye sobre tres pilares normativos interrelacionados que conviene conocer en su articulación.

El artículo 112 de la CPE: la imprescriptibilidad constitucional

El artículo 112 de la Constitución Política del Estado establece: "Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad". Esta norma constitucional introducida en 2009 fue revolucionaria en el derecho boliviano: por primera vez, ciertos delitos quedaban fuera del régimen general de prescripción. La decisión política refleja la magnitud del problema histórico: numerosos casos de corrupción habían quedado impunes por prescripción cuando los procesos se prolongaban suficiente tiempo (estrategia procesal frecuente para evadir condenas). La imprescriptibilidad busca evitar esta vía de impunidad, dejando al Estado la potestad de perseguir estos delitos sin límite temporal. La norma fue desarrollada por el artículo 29 bis del CPP (incorporado por la Ley N° 004): "De conformidad con el Artículo 112 de la Constitución Política del Estado, los delitos cometidos por servidoras o servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad".

La Ley N° 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz

La Ley N° 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" de 31 de marzo de 2010 es la norma central del régimen anticorrupción boliviano. Recibe su nombre en honor a Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder político y luchador anticorrupción de los años 70, asesinado durante el golpe de Estado de 1980. La ley tiene cuatro capítulos clave: (I) Disposiciones generales con principios y definiciones; (II) Entidades encargadas de la lucha contra la corrupción (Consejo Nacional, Ministerio Público, tribunales y juzgados anticorrupción, SIIARBE); (III) Delitos de corrupción que modifican el Código Penal; (IV) Inclusiones y modificaciones al Código de Procedimiento Penal, Código Civil y Ley Orgánica del Ministerio Público. La Ley N° 1390 de Fortalecimiento de 27 de agosto de 2021 amplió y reforzó estos mecanismos.

La Ley N° 1178 SAFCO: responsabilidad de la función pública

La Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) de 20 de julio de 1990 es la norma básica sobre administración pública en Bolivia. Establece los sistemas de administración pública y de control gubernamental, e introduce el régimen general de la "responsabilidad por la función pública". Su artículo 28 establece las cuatro categorías de responsabilidad de servidores públicos: (1) Responsabilidad administrativa: por contravención de las normas administrativas (sanciones disciplinarias internas); (2) Responsabilidad ejecutiva: por gestión deficiente o negligente (aplicable a máximas autoridades ejecutivas); (3) Responsabilidad civil: cuando la acción u omisión del servidor cause daño económico al Estado (reparación pecuniaria del daño); (4) Responsabilidad penal: cuando la conducta tipifique como delito en el Código Penal. La Contraloría General del Estado audita y dictamina sobre responsabilidades; los hechos pueden derivarse al Ministerio Público para acción penal cuando corresponda.

Principales delitos de corrupción contra el patrimonio del Estado en Bolivia

El Código Penal boliviano —modificado sustancialmente por las Leyes N° 004 y N° 1390— tipifica numerosos delitos que protegen el patrimonio del Estado. Conviene conocer los más relevantes.

Peculado (CP art. 142): el delito clásico

El peculado es el delito anticorrupción clásico. El artículo 142 del CP modificado por la Ley N° 004 establece: "La servidora o el servidor público que aprovechando del cargo que desempeña se apropiare de dinero, valores o bienes de cuya administración, cobro o custodia se hallare encargado, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años y multa de doscientos a quinientos días". Tres elementos típicos: (1) calidad de servidor público; (2) apropiación de dinero, valores o bienes; (3) que el servidor tuviera administración, cobro o custodia sobre los bienes. El peculado es el caso paradigmático: el funcionario que se apropia indebidamente de los recursos que administra. Existen variantes: peculado culposo (art. 143, cuando la apropiación es por culpa grave), peculado de uso (cuando el servidor usa los bienes sin apropiárselos), peculado por extensión (cuando alcanza a particulares vinculados con la administración).

Conducta antieconómica (CP art. 224): el delito amplio

El artículo 224 del CP, ampliamente reformado por la Ley N° 004 y la Ley N° 1390, sanciona la conducta antieconómica: "La servidora o el servidor público o el que hallándose en el ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad en instituciones o empresas estatales, causare por mala administración, dirección técnica o por cualquier otra causa, daños al patrimonio de ellas o a los intereses del Estado, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años". Es un tipo penal muy amplio que abarca: mala administración, decisiones técnicas erróneas, gestión deficiente que cause daño económico significativo. La gravedad se gradúa por el monto del daño, la dolosa o culposa de la conducta, y las circunstancias específicas. Es uno de los tipos más invocados en investigaciones contra ex altas autoridades.

Enriquecimiento ilícito (CP arts. 226 bis, 228, 229)

El enriquecimiento ilícito es uno de los delitos más distintivos de la Ley N° 004. El art. 226 bis CP sanciona al servidor público que incrementare desproporcionadamente su patrimonio respecto a sus ingresos legítimos, sin poder justificar su origen. La pena es de 5 a 10 años + multa. El art. 228 sanciona el enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado: el particular que se enriquece por contratos u otras situaciones con el Estado sin justificación. El art. 229 sanciona el favorecimiento al enriquecimiento ilícito: cómplices o facilitadores. La Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0770/2012 aclaró un debate importante: el enriquecimiento ilícito se interpreta como delito permanente (afectación continua del bien jurídico), por lo que su aplicación no se considera retroactiva.

Otros delitos clave

Otros delitos importantes del régimen anticorrupción incluyen: Malversación (CP art. 144): dar al dinero o bienes una aplicación diferente a aquella a que estuvieren destinados; Cohecho pasivo (CP art. 145): servidor público que recibe dádivas o promesas para hacer u omitir actos propios del cargo (3-8 años); Uso indebido de influencias (CP art. 146): aprovechamiento ilícito de la posición jerárquica (3-8 años); Resoluciones contrarias a la CPE o las leyes (CP art. 153): servidor que dicta resoluciones manifiestamente contrarias a la ley (3-8 años); Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (CP art. 157): servidor que se interesa en operaciones donde interviene por su cargo (5-10 años); Concusión (CP art. 158): servidor que exige indebidamente, abusando de su cargo (3-8 años); Contratos lesivos al Estado (CP art. 221): servidor que celebra contrato perjudicial para la economía nacional (5-10 años); Cohecho pasivo de juez o fiscal (CP art. 173 bis): el más grave por la posición (5-10 años + multa + inhabilitación); Uso indebido de bienes y servicios públicos (CP art. 177 modif. Ley 004): utilizar bienes/servicios del Estado en provecho propio o ajeno; Falsedad en declaración jurada de bienes y rentas (CP art. 174); Obstrucción de la justicia (CP art. 153 bis).

Delitos de corrupción contra el patrimonio del Estado: tabla resumen

Características procesales especiales de los delitos de corrupción

El régimen procesal de los delitos de corrupción tiene varias particularidades importantes que lo diferencian del proceso penal ordinario. Estas reformas buscan superar las dificultades históricas para perseguir efectivamente la corrupción.

Imprescriptibilidad: artículo 29 bis del CPP

El artículo 29 bis del CPP (incorporado por la Ley N° 004) consagra la imprescriptibilidad. Tiene tres consecuencias prácticas: (1) el delito puede ser perseguido sin límite de tiempo desde su comisión: no opera la prescripción de la acción penal; (2) el artículo 105 del CP modificado establece que la pena tampoco prescribe en delitos de corrupción —una persona condenada por estos delitos puede ser ejecutada en cualquier momento, incluso décadas después de la sentencia; (3) el régimen no admite inmunidad de ninguna clase: ni fuero, ni privilegios, ni excepciones. Para el detalle del régimen general de prescripción y sus excepciones, puede revisarse la guía sobre prescripción penal en Bolivia.

Juicio en rebeldía: artículo 91 bis del CPP

Una de las herramientas más controvertidas y poderosas del régimen anticorrupción es el juicio en rebeldía. El artículo 91 bis del CPP (incorporado por la Ley N° 004) establece: "Cuando se declare la rebeldía de un imputado dentro del proceso penal por los delitos establecidos en los Artículos 24, 25 y siguientes de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, el proceso no se suspenderá con respecto del rebelde. El Estado designará un defensor de oficio y el imputado será juzgado en rebeldía, juntamente con los demás imputados presentes". Esta norma es una excepción al régimen general donde la rebeldía suspende el juicio respecto del rebelde. La fundamentación: numerosos imputados de corrupción fugaban del país y los procesos quedaban paralizados durante años. Con la excepción del 91 bis, el juicio prosigue, se dicta sentencia y se emiten órdenes para asegurar la futura ejecución cuando el rebelde sea aprehendido. Las garantías del debido proceso se preservan mediante defensor de oficio.

Levantamiento del secreto bancario y recuperación de bienes

Otras herramientas procesales especiales: (1) Levantamiento del secreto bancario: conforme a los arts. 19 y 20 de la Ley N° 004 y el art. 185 ter del CP, el secreto bancario no rige en la investigación de delitos de corrupción. Fiscales anticorrupción pueden requerir directamente información bancaria sin necesidad de autorización judicial específica para cada caso. (2) Recuperación de bienes en el extranjero: el art. 148 bis del CPP regula la cooperación internacional para localizar y recuperar bienes y activos sustraídos por servidores que se encuentren en el extranjero. Bolivia es Estado parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) que facilita esta cooperación. (3) Medidas cautelares reales agresivas: el art. 253 bis del CPP permite la adopción inmediata de medidas reales (anotaciones preventivas, embargos, hipotecas legales) sobre el patrimonio del imputado desde la etapa inicial, sin esperar imputación formal en algunos supuestos. (4) Sistema Integrado de Información Anticorrupción y Recuperación de Bienes del Estado (SIIARBE): plataforma institucional que coordina la información entre las entidades del sistema.

⚠ Error frecuente: asumir que solo los servidores públicos pueden ser imputados por delitos contra el patrimonio del Estado

Uno de los errores más extendidos en la comprensión del régimen anticorrupción boliviano es asumir que únicamente los servidores públicos pueden ser imputados por delitos contra el patrimonio del Estado. La realidad legislativa es muy diferente: el régimen de la Ley N° 004 y la Ley N° 1390 alcanza también a particulares que se vinculan con el Estado en diversas formas. Las consecuencias prácticas son significativas. (1) Los contratistas privados que celebran contratos con el Estado pueden ser imputados por: contratos lesivos al Estado (art. 221 CP segundo párrafo, 3-8 años para particulares); incumplimiento de contratos con el Estado (art. 222 CP); estafa al Estado por sobreprecios o servicios no prestados; falsedad documental en procesos de licitación. (2) Los particulares que entregan dádivas a servidores públicos son responsables por cohecho activo (figura agravada cuando se trata de jueces o fiscales). (3) Los particulares que se enriquecen indebidamente con recursos del Estado son alcanzados por el delito específico del art. 228 CP (enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, incorporado por la Ley 004). (4) Los facilitadores o intermediarios de actos de corrupción son alcanzados por el art. 229 CP (favorecimiento al enriquecimiento ilícito). (5) Los asesores externos, consultores, peritos que participan en procesos donde se afecta el patrimonio del Estado pueden ser coimputados como cómplices o instigadores. (6) Las personas jurídicas (empresas, consorcios) pueden enfrentar consecuencias económicas significativas: anotación preventiva de bienes, prohibición de contratar con el Estado, ejecución de fianzas, multas. Adicionalmente, los particulares vinculados con delitos contra el patrimonio del Estado están sujetos a las mismas particularidades procesales que los servidores: (a) imprescriptibilidad cuando se trata de coautores o cómplices de delitos cometidos por servidores; (b) juicio en rebeldía bajo el art. 91 bis CPP; (c) levantamiento del secreto bancario en la investigación; (d) medidas cautelares reales agresivas desde el inicio. La regla práctica para particulares que contratan con el Estado o reciben recursos públicos: la exposición legal puede ser tan severa como para servidores; cualquier irregularidad puede activar investigaciones penales prolongadas e imprescriptibles. La asesoría jurídica especializada desde el inicio de cualquier vinculación con el Estado es indispensable.

Instituciones competentes en la persecución del daño económico al Estado

El sistema anticorrupción boliviano involucra múltiples instituciones especializadas con funciones específicas. Conocerlas permite entender el funcionamiento del régimen.

Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción

El Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, creado por la Ley N° 004, es la instancia política superior del sistema anticorrupción. Sus funciones incluyen: coordinar las políticas anticorrupción a nivel nacional; promover la prevención y la educación ciudadana; supervisar la implementación de las normas; articular la cooperación internacional. Está integrado por las máximas autoridades de las instituciones del sistema: Presidencia, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ministerio Público, Contraloría General del Estado, y otras.

Tribunales y juzgados anticorrupción especializados

El sistema judicial cuenta con jueces y tribunales anticorrupción especializados establecidos por la Ley N° 004 y por la Ley del Órgano Judicial. Su especialización temática permite mayor eficacia en la tramitación de estos casos complejos. Los tribunales anticorrupción tienen competencia para conocer todos los delitos enumerados en la Ley N° 004 y los relacionados con el patrimonio del Estado. La especialización es importante porque los casos de corrupción típicamente involucran: análisis financiero complejo, contratación pública, contabilidad gubernamental, normativa administrativa específica, cooperación internacional.

Fiscalía Especializada Anticorrupción y SIIARBE

El Ministerio Público cuenta con fiscales especializados en lucha contra la corrupción que dirigen la investigación de estos delitos. La especialización los habilita para los aspectos técnicos complejos. El Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado (SIIARBE) es la plataforma tecnológica que coordina la información entre las entidades del sistema: Ministerio Público, Contraloría General del Estado, Ministerio de Justicia, UIF (Unidad de Investigaciones Financieras), entidades de inteligencia. Permite el seguimiento de casos, la recuperación efectiva de bienes y la articulación interinstitucional. La Contraloría General del Estado tiene un rol esencial: audita el patrimonio público, dictamina sobre responsabilidades de servidores, y deriva al Ministerio Público los casos donde detecta posibles delitos.

Las cuatro categorías de responsabilidad de la función pública en Bolivia

La Ley N° 1178 SAFCO articula cuatro categorías de responsabilidad que pueden concurrir simultáneamente. Conocerlas es esencial para entender la exposición legal completa de los servidores públicos.

Responsabilidad administrativa

La responsabilidad administrativa se configura por contravención de las normas administrativas internas: violación del régimen disciplinario, incumplimiento de procedimientos, faltas a los deberes funcionarios. Las sanciones son típicamente: multa, suspensión sin goce de haberes, destitución. El procedimiento es interno de cada entidad pública y sus decisiones son recurribles ante autoridades superiores y eventualmente ante la vía contencioso-administrativa. No requiere intervención penal: opera en el ámbito de la gestión interna del personal.

Responsabilidad ejecutiva

La responsabilidad ejecutiva es específica de máximas autoridades ejecutivas (ministros, presidentes ejecutivos de entidades, máximas autoridades regionales). Se configura por gestión deficiente o negligente que afecte significativamente los objetivos institucionales. La sanción típica es la destitución del cargo. La Contraloría General del Estado es la autoridad competente para evaluar y proponer estas responsabilidades, aunque la decisión final puede corresponder a otras instancias según la naturaleza del cargo.

Responsabilidad civil

La responsabilidad civil se configura cuando la acción u omisión del servidor causa daño económico al Estado. El servidor responde con su patrimonio personal por la reparación del daño. La Contraloría General del Estado emite el "dictamen de responsabilidad civil" que determina el monto del daño y los responsables; ese dictamen sirve de base para la ejecución civil. La acción civil puede tramitarse incluso si no hay acción penal por el mismo hecho (responsabilidad subjetiva por culpa o dolo). Las deudas al Estado son imprescriptibles conforme a la legislación específica (D.L. 16390), lo que permite reclamarlas indefinidamente.

Responsabilidad penal

La responsabilidad penal se configura cuando la conducta del servidor tipifica como delito en el Código Penal. Es la más severa porque implica privación de libertad, multa, inhabilitación profesional y antecedentes penales registrados. Como se ha visto, en delitos contra el patrimonio del Estado opera el régimen especial de imprescriptibilidad. Las cuatro categorías son concurrentes: un mismo hecho puede generar responsabilidad administrativa + ejecutiva + civil + penal, todas tramitadas en paralelo por las autoridades correspondientes. El servidor puede ser sancionado en todas ellas sin que una excluya a otra.

Preguntas frecuentes sobre el daño económico al Estado en Bolivia

¿Por qué los delitos de corrupción no prescriben en Bolivia?

La imprescriptibilidad se estableció por el artículo 112 de la Constitución Política del Estado de 2009 y desarrollada por el artículo 29 bis del Código de Procedimiento Penal (incorporado por la Ley N° 004 de 2010): "Los delitos cometidos por servidoras o servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad". La razón política es la magnitud del problema histórico: numerosos casos de corrupción habían quedado impunes por prescripción cuando los procesos se prolongaban. Adicionalmente, el artículo 105 del CP modificado por la Ley N° 004 establece que tampoco prescribe la pena en delitos de corrupción: una persona condenada puede ser ejecutada sin límite de tiempo. El régimen no admite inmunidad de ningún tipo: ni fuero, ni privilegios. Esta regla aplica también a coautores y cómplices particulares de delitos cometidos por servidores públicos.

¿Quiénes pueden ser imputados por delitos contra el patrimonio del Estado en Bolivia?

El régimen alcanza a múltiples categorías: (1) Servidores públicos en ejercicio: funcionarios de cualquier nivel y categoría (electos, designados, contratados, en comisión); (2) Ex servidores públicos: por hechos cometidos durante su gestión, incluso años después de dejar el cargo; (3) Particulares en contratos con el Estado: contratistas privados, consultores, proveedores que celebran contratos lesivos al Estado o incumplen sus obligaciones contractuales; (4) Particulares que entregan dádivas: por cohecho activo y otros delitos relacionados; (5) Particulares que se enriquecen ilícitamente: por el art. 228 CP (enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado); (6) Facilitadores e intermediarios: por favorecimiento al enriquecimiento ilícito (art. 229 CP); (7) Personas jurídicas vinculadas: empresas y consorcios que pueden enfrentar consecuencias económicas significativas. La amplitud del régimen refleja la voluntad del legislador de cerrar todos los espacios de impunidad.

¿Cuál es la pena por peculado en Bolivia?

El peculado, regulado en el artículo 142 del CP modificado por la Ley N° 004, sanciona al servidor público que aprovechando del cargo se apropiare de dinero, valores o bienes de cuya administración, cobro o custodia se hallare encargado, con pena de privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 200 a 500 días. Los elementos típicos son: (1) calidad de servidor público; (2) apropiación de los recursos; (3) relación de administración, cobro o custodia sobre los recursos. Existen variantes: peculado culposo (art. 143, cuando la apropiación es por culpa grave de tercero), peculado de uso (cuando se usan los bienes sin apropiárselos), peculado por extensión (alcanza particulares vinculados a la administración). El peculado, como todos los delitos contra el patrimonio del Estado, es imprescriptible (art. 29 bis CPP). La pena tampoco prescribe (CP art. 105 modif. Ley 004). El procedimiento se tramita ante tribunales anticorrupción especializados.

¿Qué es la conducta antieconómica en Bolivia?

La conducta antieconómica está regulada en el artículo 224 del Código Penal modificado por la Ley N° 004 y la Ley N° 1390: sanciona al servidor público o a quien ejerce cargos directivos en instituciones o empresas estatales y, por mala administración, dirección técnica o cualquier otra causa, causa daño al patrimonio o a los intereses del Estado. La pena es de privación de libertad de 3 a 8 años + multa. Es un tipo penal muy amplio que abarca: decisiones administrativas que generan pérdidas significativas; contrataciones desventajosas; ejecución técnica deficiente de proyectos; gestiones que privilegian intereses ajenos al Estado. La conducta puede ser dolosa o culposa según la magnitud y las circunstancias. Es uno de los tipos más invocados en investigaciones contra ex altas autoridades de empresas estatales y entidades públicas. La gravedad se gradúa por el monto del daño causado.

¿Puede el Estado recuperar bienes robados que están en el extranjero en Bolivia?

Sí, mediante mecanismos específicos de cooperación internacional. El artículo 148 bis del CPP (incorporado por la Ley N° 004) regula la recuperación de bienes en el extranjero. Las herramientas incluyen: (1) tratados de cooperación judicial internacional bilaterales y multilaterales; (2) la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) que Bolivia ratificó —contiene mecanismos específicos para localizar, congelar y recuperar bienes; (3) exhortos internacionales y comisiones rogatorias dirigidas a autoridades extranjeras; (4) coordinación a través de organismos como INTERPOL y la Red Hemisférica de Intercambio de Información para Asistencia Judicial Mutua de la OEA (REMJA); (5) el SIIARBE coordina el seguimiento de los procesos de recuperación. En la práctica, la recuperación es compleja y prolongada, pero ha tenido casos exitosos como el de fondos vinculados a casos de corrupción de gobiernos anteriores. La estrategia óptima combina la acción penal interna con las gestiones diplomático-judiciales internacionales.