Libertad de expresión en Bolivia: alcances y límites en la CPE

¿Cómo protege la Constitución boliviana la libertad de expresión?

La libertad de expresión en Bolivia está reconocida en tres artículos clave de la Constitución Política del Estado: el artículo 21 (numerales 3, 4, 5 y 6) la consagra como derecho civil fundamental de toda persona, junto a la libertad de pensamiento y al derecho de acceder a la información; el artículo 106 establece la garantía del Estado al ejercicio de la libertad de expresión, opinión e información y al derecho a la rectificación y réplica, prohibiendo expresamente la censura previa; y el artículo 107 regula la responsabilidad de los medios de comunicación, exigiendo el respeto a los principios de veracidad y responsabilidad y reconociendo la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información. La Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925 —una de las normas más antiguas vigentes en Bolivia— regula los aspectos procesales del ejercicio del periodismo. La libertad de expresión tiene límites: no protege la difamación, la calumnia, la incitación al odio ni la apología del delito, conforme a estándares constitucionales y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La libertad de expresión en Bolivia es uno de los derechos fundamentales más esenciales para el funcionamiento de la democracia. Permite la circulación de ideas, la crítica del poder, el control social de la gestión pública, el periodismo investigativo y, en definitiva, la formación de una opinión pública informada. Sin embargo, la libertad de expresión no es ilimitada: convive con otros derechos como la dignidad, el honor, la imagen, la intimidad y la protección de menores, generando tensiones cuya resolución corresponde a los jueces de garantías y, en última instancia, al Tribunal Constitucional Plurinacional. En 2024-2026, el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa en Bolivia ha enfrentado tensiones documentadas: denuncias penales contra periodistas y opinadores por contenido difundido, condicionamiento de la asistencia a conferencias institucionales, y debate sobre proyectos de ley que pueden restringir el ejercicio del periodismo. La Defensoría del Pueblo ha emitido pronunciamientos críticos en este sentido.

Esta guía desarrolla el contenido constitucional de la libertad de expresión, sus distintas dimensiones (expresión, opinión, información, comunicación), los límites legítimos que admite, el régimen específico de la prensa, los estándares internacionales aplicables y los mecanismos de protección. Para el catálogo completo de derechos fundamentales, puede revisarse la guía sobre los derechos fundamentales en Bolivia.

Base constitucional de la libertad de expresión en Bolivia

La libertad de expresión boliviana tiene una protección constitucional reforzada que combina su reconocimiento como derecho civil individual con un capítulo específico sobre comunicación social que la protege institucionalmente.

El artículo 21 de la CPE: la libertad de expresión como derecho civil

El artículo 21 de la CPE reconoce a las bolivianas y los bolivianos un conjunto de libertades civiles fundamentales que conforman el núcleo de la libertad de expresión en sentido amplio. El numeral 3 reconoce el derecho a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado. El numeral 4 reconoce el derecho a la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos. El numeral 5 reconoce el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. El numeral 6 reconoce el derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva. Estos cuatro numerales conforman lo que la doctrina llama el "complejo de libertades expresivas" del constitucionalismo boliviano.

El artículo 106 de la CPE: garantías de la libertad de expresión y de la prensa

El artículo 106 de la CPE, ubicado en el Capítulo VII de Comunicación Social, establece cuatro garantías fundamentales. El parágrafo I establece que el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. El parágrafo II establece que el Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa. El parágrafo III garantiza a las trabajadoras y trabajadores de la prensa la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información, ejercidos según el principio de responsabilidad mediante normas de ética y autorregulación. El parágrafo IV reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información, que les permite rehusarse a producir contenido contrario a sus principios sin que ello afecte sus derechos laborales.

El artículo 107 de la CPE: responsabilidad de los medios

El artículo 107 de la CPE establece las responsabilidades de los medios de comunicación social. El parágrafo I establece que los medios de comunicación deberán contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con producción y difusión de programas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo para personas con discapacidad. El parágrafo II establece que la información y las opiniones emitidas a través de los medios deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante normas de ética y autorregulación. El parágrafo III prohíbe la conformación de monopolios y oligopolios en los medios de comunicación.

Las cuatro dimensiones de la libertad de expresión en Bolivia

La libertad de expresión en sentido amplio no es un derecho monolítico sino un conjunto de libertades interrelacionadas. La doctrina y la jurisprudencia bolivianas identifican cuatro dimensiones complementarias.

Dimensión 1 — Libertad de pensamiento y opinión

La libertad de pensamiento protege la facultad interna de cada persona para formar sus propias ideas, valoraciones, creencias y convicciones. Es la dimensión más íntima del derecho: nadie puede ser obligado a pensar de determinada manera ni a renunciar a sus convicciones. Esta libertad es absoluta en su dimensión interna —el fuero íntimo de cada persona— porque no puede ser legítimamente limitada por el Estado. La libertad de opinión es la facultad de exteriorizar esas ideas o juicios de valor sobre asuntos públicos o privados. A diferencia del pensamiento puro, la opinión exteriorizada puede ser objeto de límites cuando colisiona con otros derechos —por ejemplo, cuando difama o injuria.

Dimensión 2 — Libertad de expresión propiamente dicha

La libertad de expresión en sentido estricto es el derecho de toda persona a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio: oral, escrito, visual, digital, individual o colectivo. Es la dimensión "instrumental" del derecho: permite que las ideas internas trasciendan al espacio público y puedan ser conocidas por otros. La CPE protege la expresión por cualquier medio, lo que incluye no solo los medios tradicionales (prensa escrita, radio, televisión) sino también los medios digitales (redes sociales, plataformas digitales, blogs) y formas no convencionales (manifestaciones, performances, arte). El TCP ha aplicado esta protección incluso a expresiones en redes sociales que generaron procesos penales contra ciudadanos comunes.

Dimensión 3 — Libertad de información

La libertad de información tiene una doble vertiente: la libertad de difundir información (transmitirla a otros) y el derecho a recibir y acceder a información veraz e imparcial. Mientras la libertad de expresión protege la difusión de opiniones —juicios de valor subjetivos—, la libertad de información protege la difusión de hechos objetivos y noticias. Esta distinción tiene importancia práctica: las opiniones gozan de mayor protección porque por su propia naturaleza son subjetivas, mientras que las afirmaciones de hecho deben ser veraces o, al menos, estar respaldadas por una diligencia razonable en la verificación —el llamado "estándar de la real malicia" desarrollado por la jurisprudencia interamericana.

Dimensión 4 — Derecho de acceso a la información pública

El derecho de acceso a la información pública permite a cualquier ciudadano solicitar y obtener información en poder del Estado, sin necesidad de demostrar un interés particular. Es uno de los componentes esenciales de la democracia moderna: sin acceso a la información pública no puede haber control ciudadano efectivo de la gestión gubernamental. El artículo 21.6 de la CPE lo reconoce expresamente. Sin embargo, Bolivia es uno de los tres únicos países latinoamericanos —junto con Cuba y Surinam— que no cuentan con una ley específica de acceso a la información pública, según el experto en libertad de expresión Ramiro Orias de la Red de Apoyo y Protección a Periodistas (RAPP). En los últimos 22 años se presentaron al menos 10 proyectos de ley sobre acceso a la información pública sin que ninguno prosperara, lo que constituye una brecha regulatoria significativa.

La prohibición de la censura previa: un pilar absoluto del sistema boliviano

La prohibición de la censura previa es uno de los pilares más importantes y absolutos del sistema boliviano de protección de la libertad de expresión. El artículo 106.II de la CPE establece expresamente el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión "sin censura previa".

Qué es la censura previa y por qué está prohibida

La censura previa es la intervención del Estado o de cualquier autoridad para revisar, autorizar, modificar o impedir la publicación o difusión de contenidos antes de que estos sean publicados. Es el control "ex ante" del contenido expresivo. Esta forma de control es la más restrictiva de la libertad de expresión porque impide directamente que las ideas lleguen al espacio público. La doctrina del Sistema Interamericano de Derechos Humanos —especialmente las decisiones de la Corte IDH en casos como Olmedo Bustos vs. Chile ("La Última Tentación de Cristo") y otros— ha establecido que la censura previa solo es admisible en supuestos muy excepcionales: protección de la infancia y la adolescencia frente a contenidos pornográficos o de violencia explícita. Para todos los demás contenidos, el régimen es el de responsabilidad ulterior: las personas pueden ser sancionadas civil o penalmente por lo que dicen, pero no se puede impedir que lo digan.

La responsabilidad ulterior: el modelo boliviano

La prohibición de censura previa no significa que las expresiones queden inmunes a cualquier consecuencia jurídica. Bolivia adopta —como todos los sistemas democráticos modernos— un régimen de responsabilidad ulterior: las personas pueden expresarse libremente sin autorización previa, pero pueden ser civil o penalmente responsables si sus expresiones causan daños injustificados a terceros (difamación, calumnia, injuria) o vulneran intereses públicos legítimos (incitación a la violencia, apología del delito, divulgación de secretos de Estado). La diferencia entre la censura previa (prohibida) y la responsabilidad ulterior (permitida) es la clave del sistema: la primera impide la expresión; la segunda permite la expresión y la juzga después solo cuando haya un daño concreto e injustificado.

Límites legítimos de la libertad de expresión en Bolivia

Como todos los derechos fundamentales, la libertad de expresión no es absoluta. Tiene límites legítimos que protegen otros bienes jurídicos también constitucionalmente protegidos. La identificación de estos límites es la zona de mayor complejidad práctica del derecho.

Límite 1 — Honor, dignidad y reputación de las personas

El primer límite clásico de la libertad de expresión es el respeto al honor, la dignidad y la reputación de otras personas. El artículo 21.2 de la CPE reconoce el derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. Cuando una expresión —especialmente afirmaciones de hecho falsas o manifiestamente injuriosas— afecta el honor de una persona, esta puede activar los mecanismos de protección: el derecho a la rectificación o réplica reconocido en el artículo 106.II de la CPE para que se publique la corrección o respuesta correspondiente; las acciones civiles por daños a la persona; y las acciones penales por los delitos de injuria, calumnia o difamación previstos en el Código Penal boliviano. Sin embargo, el estándar de protección es más alto cuando la persona afectada es un funcionario público o personaje público, dado el interés público en la información y crítica sobre la gestión pública —principio reconocido por la Corte IDH.

Límite 2 — Protección de menores de edad

La protección de los niños, niñas y adolescentes es uno de los pocos supuestos donde la Corte IDH ha admitido la censura previa: los contenidos pornográficos o de violencia explícita pueden estar sujetos a controles previos para impedir su acceso a menores. La CPE boliviana protege especialmente a la niñez en sus artículos 58 a 61, y la Ley N° 548 — Código Niña, Niño y Adolescente desarrolla esta protección. Los medios de comunicación tienen responsabilidad por contenidos que perjudiquen el desarrollo de los menores, y pueden ser sancionados por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) por incumplimiento de las normas sobre horarios de protección de menores en radio y televisión.

Límite 3 — Apología del delito e incitación al odio

La libertad de expresión no protege la apología del delito (la justificación o glorificación de conductas ilícitas) ni la incitación a la violencia o al odio. El Código Penal boliviano tipifica como delito la instigación pública a delinquir (artículo 130) y la apología pública de un delito (artículo 131). La Ley N° 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, en el artículo 281 ter del Código Penal, sanciona específicamente la difusión de mensajes que promueven el racismo o cualquier forma de discriminación con penas de uno a cinco años de privación de libertad, con agravantes cuando el responsable es servidor público o cuando los hechos se cometen a través de medios masivos de comunicación. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.5 también prohíbe por ley toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia.

Límite 4 — Protección de la privacidad y los datos personales

La libertad de expresión también encuentra límites en el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, la divulgación de datos personales protegidos, la grabación y publicación de conversaciones privadas pueden constituir violaciones del derecho a la privacidad protegido por el artículo 130 de la CPE, susceptibles de la acción de protección de privacidad. Para el análisis específico de la privacidad, puede revisarse la guía sobre privacidad en Bolivia: protección constitucional y habeas data.

Libertad de expresión en Bolivia: derechos protegidos y límites legítimos

La Ley de Imprenta de 1925: el régimen específico del periodismo en Bolivia

Una de las normas más antiguas vigentes en Bolivia regula el ejercicio del periodismo y la responsabilidad por publicaciones: la Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925. Tiene más de cien años y, pese a su antigüedad, sigue vigente porque ha sido considerada por la doctrina y por organizaciones de periodistas como un instrumento robusto de protección.

Características principales de la Ley de Imprenta

La Ley de Imprenta de 1925 establece varios principios que la convierten en una norma especialmente protectora de la libertad de prensa: (1) el principio de absoluta libertad de imprenta, entendido como el derecho de los miembros de una sociedad a emitir su opinión y ser informados sin restricción; (2) los Jurados de Imprenta, que son tribunales especiales integrados por ciudadanos —no por jueces ordinarios— que conocen los delitos de imprenta, lo que evita que los periodistas sean juzgados por la justicia ordinaria por sus opiniones; (3) el secreto profesional periodístico respecto a las fuentes de información; (4) la responsabilidad civil del director del medio por las publicaciones; y (5) el procedimiento especial para acciones contra la prensa. Esta ley centenaria, complementada con la Ley N° 162 de Ejercicio de la Profesión Periodística, es uno de los marcos protectores más robustos de la prensa en América Latina.

El delito de imprenta y el delito común a través de la prensa

Una distinción importante en el sistema boliviano es la diferencia entre el delito de imprenta —cometido por o a través de los medios y juzgado por los Jurados de Imprenta— y el delito común cometido a través de la prensa —que sigue la jurisdicción ordinaria. Esta distinción genera frecuentes conflictos de competencia. La doctrina constitucional boliviana, siguiendo los estándares interamericanos, ha tendido a privilegiar la jurisdicción especial de los Jurados de Imprenta para los casos donde el contenido cuestionado se refiere a la actividad periodística propiamente dicha, mientras que otros delitos —como el racismo en redes sociales por personas que no son periodistas— se procesan por la justicia ordinaria.

⚠ Error frecuente: creer que la libertad de expresión es absoluta o, al contrario, que cualquier expresión que ofenda puede ser sancionada

Dos errores frecuentes —y opuestos— marcan los debates públicos sobre la libertad de expresión en Bolivia. Por un lado, algunos consideran que la libertad de expresión es absoluta: que se puede decir cualquier cosa sin consecuencias jurídicas. Esto es incorrecto: la libertad de expresión no protege la difamación, la calumnia, la incitación al odio, la apología del delito ni la pornografía infantil, entre otros límites legítimos. Por otro lado, algunos creen que cualquier expresión que les resulte ofensiva o crítica puede ser sancionada penalmente. Esto también es incorrecto: las opiniones críticas, aunque resulten incómodas o duras, gozan de fuerte protección constitucional especialmente cuando se refieren a la gestión pública. La regla general aplicable es: las afirmaciones de hecho deben ser veraces o estar respaldadas por una diligencia razonable; las opiniones gozan de máxima protección incluso cuando son duras o críticas; y solo expresiones que dañen injustificadamente derechos de terceros, sin amparo en un fin legítimo, pueden activar la responsabilidad ulterior. La censura previa está prohibida casi sin excepciones (salvo la protección de menores frente a contenidos pornográficos o violentos).

Estándares internacionales aplicables: Pacto de San José y SIDH

Los estándares internacionales sobre libertad de expresión —en particular los del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)— forman parte del bloque de constitucionalidad boliviano y refuerzan la protección del derecho.

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

El artículo 13 del Pacto de San José —ratificado por Bolivia— es el estándar de mayor protección de la libertad de expresión en el sistema interamericano. Establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El parágrafo 2 establece que el ejercicio del derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral públicas. El parágrafo 5 prohíbe la apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia.

La Opinión Consultiva OC-5/85 de la Corte IDH sobre colegiación obligatoria

La Opinión Consultiva OC-5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida el 13 de noviembre de 1985, estableció que la colegiación obligatoria de periodistas —exigir un título universitario o la pertenencia a un colegio profesional como requisito para ejercer el periodismo— es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana. Esta opinión consultiva tiene aplicación directa en Bolivia: cualquier ley que pretenda restringir el ejercicio del periodismo solo a quienes tengan título universitario o estén colegiados sería inconstitucional por vulnerar el bloque de constitucionalidad. Un artículo de Scielo Bolivia de 2025 sobre la inconstitucionalidad de la Ley boliviana 494 analiza precisamente este punto: la exigencia de titulación obligatoria para el ejercicio del periodismo vulnera los estándares interamericanos.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2000, establece 13 principios que detallan el alcance del derecho. Entre los más relevantes para Bolivia: la libertad de expresión es indispensable para la formación de la opinión pública; toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente; los funcionarios públicos están sujetos a mayor escrutinio; las restricciones a la libertad de expresión deben ser previstas en ley, perseguir fines legítimos y ser necesarias y proporcionales; y el monopolio en los medios atenta contra la libertad de expresión y la democracia. Estos principios sirven como guía interpretativa para los jueces bolivianos cuando deben resolver conflictos sobre el alcance del derecho.

Mecanismos de protección de la libertad de expresión en Bolivia

Cuando la libertad de expresión es vulnerada en Bolivia, existen múltiples vías de protección. La elección del mecanismo adecuado depende del tipo de vulneración.

El amparo constitucional

El amparo constitucional es el mecanismo principal de protección cuando la libertad de expresión es vulnerada por actos u omisiones de servidores públicos o particulares. Procede, por ejemplo, cuando una autoridad pública impide arbitrariamente el ejercicio del periodismo, cuando un funcionario condiciona el acceso a información pública, o cuando una persona enfrenta un proceso penal manifiestamente improcedente por expresiones que claramente están amparadas por el derecho a la libertad de expresión. El plazo es de 6 meses desde la vulneración, conforme al artículo 129.II de la CPE.

Los Jurados de Imprenta de la Ley de 1925

Para los delitos de imprenta cometidos por o a través de medios de comunicación, la Ley de Imprenta de 1925 establece los Jurados de Imprenta: tribunales especiales integrados por ciudadanos —no jueces ordinarios— que conocen estos casos. Este sistema de juzgamiento por pares ha sido considerado uno de los mecanismos más protectores de la prensa en América Latina, porque evita que los periodistas sean juzgados por jueces que pueden estar influenciados por el poder político del Estado, los empresarios o los grupos económicos. Los Jurados de Imprenta están integrados por miembros de la sociedad civil designados por la organización de periodistas correspondiente.

La Defensoría del Pueblo y los tribunales de ética de los gremios

La Defensoría del Pueblo tiene atribuciones específicas para defender la libertad de expresión y la libertad de prensa. Puede investigar casos de vulneración, emitir recomendaciones a las autoridades responsables, interponer acciones de defensa en representación de los afectados y pronunciarse públicamente sobre situaciones de riesgo. En 2024-2025, la Defensoría del Pueblo emitió varios pronunciamientos rechazando limitaciones a la libertad de expresión y exhortando al Estado a garantizar el trabajo de la prensa. Adicionalmente, los Tribunales de Ética de los gremios periodísticos —como el Tribunal de Ética de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB)— ejercen una función de autorregulación profesional: cualquier ciudadano que se sienta afectado por la cobertura informativa puede acudir a ellos para que evalúen la conducta ética del periodista o medio responsable.

Preguntas frecuentes sobre la libertad de expresión en Bolivia

¿Existe la censura previa en Bolivia?

No. El artículo 106, parágrafo II de la CPE prohíbe expresamente la censura previa: garantiza el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión "sin censura previa". Esto significa que el Estado no puede revisar, autorizar, modificar o impedir la publicación de contenidos antes de su difusión. La única excepción admitida por la Corte IDH es la protección de menores frente a contenidos pornográficos o de violencia explícita. Para todos los demás contenidos rige el régimen de responsabilidad ulterior: las expresiones pueden ser sancionadas después de ser difundidas si causan daños injustificados a derechos de terceros, pero no pueden ser impedidas previamente.

¿Puede una persona ser procesada penalmente por opiniones en redes sociales?

Depende del contenido. Las opiniones críticas, incluso duras, sobre temas de interés público o sobre funcionarios públicos gozan de fuerte protección constitucional. Sin embargo, ciertos contenidos pueden activar responsabilidad penal: la difamación o calumnia de personas (Código Penal arts. 282-290), la incitación al odio racial o discriminación (Ley N° 045, art. 281 ter del CP), la apología del delito (Código Penal art. 131), las amenazas, la divulgación no autorizada de imágenes íntimas, entre otros. La línea es: las afirmaciones de hecho deben ser veraces o estar respaldadas por verificación razonable; las opiniones críticas y los juicios de valor gozan de máxima protección. La Defensoría del Pueblo ha observado en 2024-2025 un aumento preocupante de denuncias penales contra ciudadanos por opiniones difundidas en redes sociales, lo que considera una amenaza al ejercicio de la libertad de expresión.

¿Necesito un título universitario para ejercer el periodismo en Bolivia?

La respuesta jurídica es no, conforme a los estándares interamericanos. La Opinión Consultiva OC-5/85 de la Corte IDH —vinculante para Bolivia como Estado parte de la Convención Americana— estableció que la colegiación obligatoria de periodistas y la exigencia de título universitario como requisito para ejercer el periodismo son incompatibles con el artículo 13 de la CADH. La CPE boliviana de 2009 no exige específicamente título académico para el ejercicio del periodismo, sino que reconoce ampliamente la libertad de expresión. Sin embargo, existen leyes nacionales que han pretendido establecer requisitos de titulación, y un estudio de Scielo Bolivia de 2025 sostiene que tales leyes son inconstitucionales por vulnerar el bloque de constitucionalidad.

¿Cómo puedo exigir mi derecho a réplica si un medio publicó información incorrecta sobre mí?

El artículo 106, parágrafo II de la CPE reconoce el derecho a la rectificación y a la réplica. El procedimiento implica: (1) solicitar formalmente al medio de comunicación la publicación de la rectificación o respuesta, indicando con precisión los hechos que se consideran incorrectos y la versión que se considera correcta; (2) si el medio no responde o se niega injustificadamente, puede acudirse al Tribunal de Ética del gremio periodístico correspondiente; (3) si la negativa persiste y afecta derechos fundamentales, puede activarse el amparo constitucional. El derecho de réplica está también garantizado en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en un medio tiene derecho a difundir su rectificación o respuesta en el mismo medio.

¿Por qué Bolivia no tiene una ley de acceso a la información pública?

Bolivia es —junto con Cuba y Surinam— uno de los tres únicos países latinoamericanos que no cuentan con una ley específica de acceso a la información pública, según el experto Ramiro Orias de la Red de Apoyo y Protección a Periodistas (RAPP). En los últimos 22 años se presentaron al menos 10 proyectos de ley sin que ninguno prosperara, lo que refleja una falta de voluntad política para regular esta materia. El artículo 21.6 de la CPE reconoce el derecho a acceder a la información, pero su efectividad práctica se ve limitada por la falta de un marco legal específico que regule plazos de respuesta, mecanismos de impugnación y sanciones. Mientras tanto, el acceso a la información pública depende de disposiciones dispersas en distintas normas y de la voluntad de las autoridades, lo que ha generado críticas frecuentes de los gremios periodísticos.